Introducción

El ser humano es un ente que se mantiene en una dinámica constante, la población de un Estado requiere para subsistir de una serie de actividades en diversos ámbitos; sin embargo, todo este cumulo de actividades no sería posible favorablemente para el grueso de la población, si no se contara con una estabilidad, tranquilidad y paz social que el poder político debe proporcionar por medio de la seguridad pública, como parte de las funciones que de origen debe cumplir, indistintamente del estrato social y del número de personas que se beneficien por dicha función estatal (en la búsqueda del bien común). Cuando la seguridad pública esta desquebrajada, no es posible la prosperidad en ningún sentido mientras se vive con miedo e incertidumbre, como resultado directo de la falta de seguridad pública.

El desarrollo de la estructura psíquica del individuo en un ambiente de inseguridad pública, origina la habitualidad fuera del marco normativo y provoca que el sujeto pierda su capacidad de asombro ante los eventos violentos, además del respeto a las normas que rigen la vida en sociedad, metiéndose directa o indirectamente a la esfera contaminada de la criminalidad; pues el entorno cultural de la falta de seguridad pública, puede llegar a convertirse en generadora importante de sujetos con conductas antisociales de arraigo irreversible.

En un entorno que carece de seguridad pública, surge una población que no encontrará paz interior, manteniéndose en constante infelicidad y frustración; lo cual resulta grave, pues el fin del ser humano es alcanzar la alegría y la felicidad, durante la mayor parte del tiempo posible. De lo contrario la existencia del Estado y la finalidad de la vida de la población carecerían de sentido autentico basado en estas premisas.

El Estado y la sociedad ante la responsabilidad de la seguridad pública

Se considera al Estado como responsable directo de mantener la seguridad pública, empero, no es solo responsabilidad única de este, la sociedad ha olvidado que las personas que actualmente ostentan el poder político, tan solo son servidores de la sociedad, dicha sociedad es inmensa, pero cómodamente actúa de manera irresponsable contra la criminalidad, pues la sociedad por medio de sus instituciones, ha dejado de ejercer su función en la formación de sujetos que se inspiren en la vida y no en la muerte para alcanzar sus logros, sujetos que carecen de toda empatía hacia sus semejantes, los delincuentes son hijos de la sociedad, hijos que no han tenido la debida atención temprana y que se convierten en sujetos nocivos de su propio origen: la sociedad.

Justamente por lo anterior podemos afirmar, que la responsabilidad de mantener la seguridad pública, no solo es actividad del Estado, sino que la propia sociedad tiene la obligación de mantener la seguridad pública de manera complementaria.

Evidentemente la seguridad pública desde el punto de vista legal, es monopolio del Estado, aunque por la necesidad de una mayor tranquilidad, no se debe dejar en manos de unos cuantos la totalidad de dicha seguridad, es decir, no solo es responsabilidad única del Estado, pues instituciones sociales como la escuela y la familia, son entornos importantes que permitirían una adecuada prevención de la delincuencia, mediante la aplicación de programas y de normas axiológicas, que delimiten la conducta de los miembros que la conforman.

Por lo tanto dicho monopolio no se puede considerar como tal, si además del poder público se involucra a dichas instituciones sociales, mismas que pueden funcionar adecuadamente en la prevención de conductas antisociales, mediante su aparato ideológico, compuesto por una serie de ideas y pensamientos que llevados a la praxis filosófica debieran fortalecer el espíritu del individuo, para que no “permanezca de rodillas” ante el miedo y la injusticia que provoca la falta de seguridad pública, o en su caso resistirse cabalmente ante la intención de integrar grupos delictivos.

El bien común es la base que necesita la población de un Estado para mantener su armonía, en la diversidad de actividades lícitamente contextuales que realiza cada individuo. Pero no será posible lograr el bien común, sí la seguridad pública se encuentra en peligro por la infiltración de la delincuencia en las corporaciones encargadas de proporcionar tal seguridad, razón por la cual se ha requerido de la intervención de instituciones castrenses (que tienen como finalidad mantener la seguridad nacional y no la seguridad pública), como consecuencia además del ingente fracaso de las autoridades civiles encargadas de lograr la seguridad pública.

Al dejar de prevenir y combatir adecuadamente la delincuencia común esta evoluciona en formas más complejas y jerarquizadas hacia la delincuencia organizada, misma que atenta directamente contra la población del Estado, pero que además por su poder económico, alcanza la penetración de las esferas del poder político en todos sus niveles, atentando contra la seguridad nacional.

Precisamente la omisión de la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, de la investigación de los delitos, de aplicación de justicia y las de ejecución de sanciones, es lo que propicia el surgimiento firme de fenómenos delictivos más complejos, que atentan ya no solo a la seguridad pública sino a la seguridad nacional, lo que implica el riesgo máximo en que pueda encontrarse cualquier Estado, pues esto generaría un caos social y la pérdida del Estado de Derecho, y consecuentemente de las garantías individuales, encontrándose la población entre “dos fuegos”, por un lado la delincuencia y por otro las violaciones de los derechos elementales del individuo, por parte del propio Estado.

La genealogía del delincuente

La genealogía del delincuente es diversa y compleja de analizar, no es un fenómeno que se presente de manera aislada, sino que en este convergen una serie de factores que pueden llevar a desencadenar conductas antisociales; por tal motivo resulta aventurado inclinarse hacia un solo factor criminógeno, como el determinante del origen de la criminalidad; cada persona en particular y cada conducta antisocial debe ser analizada de forma individualizada, para estar en posibilidades de emitir un origen más allá de su nacimiento inmediato; por lo tanto resulta complejo determinar uniformemente los motivos que llevan al sujeto a quebrantar la tranquilidad de su entorno.

Empero de manera generalizada, es posible precisar genealógicamente que la delincuencia tiene un origen esencial en: la familia, la escuela, la sociedad, la genética, daño orgánico cerebral y la voluntad en el ejercicio del libre albedrio. En dicho origen pueden encontrarse uno o más de dichos factores, no necesariamente deben encontrase todos en una conducta antisocial; pero en todos los casos existirá la posibilidad de encontrar al menos uno de dichos factores esenciales de origen.

Por medio del conocimiento de los factores que integran la genealogía del delincuente, es posible reconocer que la seguridad pública, no podrá ser alcanzada en su totalidad, pero al menos debería mantenerse controlada bajo un régimen de Derecho y con la aplicación de sistemas de inteligencia y de investigación de los delitos con apoyo en las ciencias forenses. Pues la falta de dichos sistemas auxiliares en la aplicación de la ley, propicia un campo fértil para la proliferación de la impunidad, lo que invariablemente acrecienta las conductas antisociales que atentan contra la seguridad pública.

El hombre: depredador irracional del hombre

En la naturaleza podemos observar el comportamiento de los animales depredadores, que mantienen esa propiedad inherente a su naturaleza, con el único fin de sobrevivir, es parte del equilibrio natural de los seres vivos.

Pero cuando observamos al ser humano como depredador del propio ser humano, nos encontramos ante una aberración que desde un enfoque humanista no tiene una autentica razón de ser. Sin embargo, en la realidad que se vive en la sociedad la delincuencia integrada por miembros de diversas edades y que además se dedican a una gran diversidad de conductas antisociales, se convierten en depredadores de su misma especie.

Resulta difícil entender que el propio ser humano a lo largo de la historia y en múltiples eventos ha sido el depredador de otros hombres, desde las guerras y actos terroristas, hasta la delincuencia común y la delincuencia organizada, que de alguna manera son depredadores de sus semejantes. Y este fenómeno se presenta aunque no se ocasione necesariamente la muerte, pues por la inseguridad pública muchas personas viven en una tensión psíquica que altera y degrada su calidad de vida; esto también es una forma de depredación sin tregua.

Esta depredación humana originada por la delincuencia no descansa sobre las bases de una necesidad valida y autentica que contextualmente deba ser aceptada, por eso es considerada como conducta antisocial, pues afecta la tranquilidad de la convivencia gregaria. Generalmente esta depredación tiene como fin último el ejercicio de las relaciones de poder de algunos sobre la mayoría, que en apariencia pudieran ser más débiles, pero que el Estado tiene la obligación de proteger.

La praxis filosófica de la seguridad pública

La praxis filosófica, permite que el estado de Derecho permanezca dinámico, pero no se debe limitar a cubrir vacios jurídicos, que surgen por el movimiento incesante de la sociedad en todos sus rubros, sino que debe permitirle la transformación, inclusive anticipándose a los fenómenos, solo así es posible prevenir los delitos.

La seguridad pública requiere de la actualización oportuna de la norma jurídica, pero además las instituciones sociales deben estar dotadas de ese carácter de la praxis filosófica, encausada hacia la transformación y adaptación, conforme a los contextos que se presentan de manera cambiante, no pueden quedarse atrás las instituciones sociales; en este sentido, es importante que tanto la ley como las instituciones políticas y sociales, avancen en el mismo sentido y al mismo ritmo de transformación, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Solo de esta manera tendría sentido la aplicación de la praxis filosófica en la labor de la seguridad pública.

La seguridad pública permite a toda sociedad, la realización de diversas actividades, que se encaminan hacia la satisfacción de sus necesidades y deseos en general, que de manera conjunta representan tan anhelado bien común, como fin del Estado.

Es preciso señalar que la seguridad pública debe ir hacia todos los miembros de la sociedad, por lo que no se deben permitir las infiltraciones de la delincuencia en los cuerpos de seguridad pública, porque entonces esa seguridad deja de ser pública y se convierte en la seguridad particular de grupos delictivos, fomentando además actos corruptivos que terminan por “mantener de rodillas” a dichas instituciones sin llevar a cabo su labor, dejando así, a la población en un inminente estado de indefensión.

Autor: Agustín Salgado García
Colaboración
Lic. en Derecho - Lic. Psicología Educativa
Diplomado Superior en Estudios de Seguridad Nacional

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Pais: México