La prevención más allá de la “prevención de siempre”

Una forma eficaz de poder mantener la seguridad pública es anteponerse en la medida de lo posible a los fenómenos delictivos, pero no con medidas de prevención aparente mediante rondines, retenes etcétera, sino que se debe ir a las causas supremas que dan origen a la criminalidad, lo que es posible conociendo la genealogía del delincuente, que permitiría lograr la prevención primaria y por ende la disminución de los índices delictivos en todos los rubros. Nadie nace siendo delincuente, este es un aspecto de vida que se desarrolla cuando convergen diversas causas y existe un motivo detonador, que para el infractor parece justificable.

Por lo tanto las causas supremas de la criminalidad pueden ser prevenidas desde la familia, la escuela y la sociedad, que son ámbitos vitales en la prevención primaria. Ámbitos que han sido dejados de lado en el combate a la delincuencia.

Con relación a la prevención secundaria, que se pretende lograr en los centros penitenciarios, es necesaria la existencia de colegiados interdisciplinarios conformados por especialistas en el estudio de la conducta, como criminólogos, psicólogos, psiquiatras, andragogos, filósofos, sociólogos, neurólogos, endocrinólogos, etcétera que en conjunto aplicarían estrategias de ortoconducta inmersos en la esfera de acción de la ingeniería de la conducta criminal.

La prevención es una herramienta importante, en el combate a la delincuencia, pero debe ser ejercida con estrategias de aplicación y bajo la vigilancia de un órgano regulador de las actividades de la política criminológica, de lo contrario se seguirá con las deficiencias de las autoridades encargadas de lograr y mantener la seguridad pública. Se debe evitar que el cuerpo del Estado enferme para no tener que extirpar sus “órganos podridos”.

La familia y la escuela como aparatos ideológicos de prevención

La escuela y la familia son dos de las instituciones más importantes en el desarrollo del individuo. Ambas instituciones permiten la implementación de valores como el respeto a las normas, la fortaleza de carácter, la honestidad, la justicia y muchos más que resultaría limitado enumerar.

La desintegración familiar es un factor de ingente valor en la formación de personalidades antisociales, debido al cúmulo de contingencias que ocurren en sus entrañas y que se magnifican con dicha desintegración, originando un número considerable de individuos con predisposición importante hacia la delincuencia, tales fenómenos que se traducen en patrones conductuales, que trasciende de padres (o de quien los supla) a hijos; sea por imitación o por la falta de preceptos conductuales que funcionen como un sistema de refreno .

La familia es la primera influencia de formación y desarrollo de la personalidad, la forma en que la conducta se gobierne o autogobierne, dependerá en gran medida de los lineamientos conductuales que adquiera el individuo al interior de esta, aunque es evidente que no será el único factor determinante, pero si puede ser el de mayor fijación e influencia.

Factores como el alcoholismo, la violencia y las drogas, provocan la disfuncionalidad de la familia, aun cuando esta se encuentra integrada, es decir, la familia no es funcional por su sola integración del padre madre e hijos, sino que además debe ser funcional y crear miembros que no sean nocivos para la sociedad.

Por lo expuesto en los párrafos que inmediatamente anteceden, es evidente que en el entorno familiar, se pueden lograr resultados importantes en materia de prevención de conductas antisociales, los padres no nacieron siendo padres, y no tienen “la varita mágica” que les transformará a sus hijos su entorno, fuera de riesgos y peligros, sin embargo los padres tienen la responsabilidad directa de conducirlos hacia los senderos mediante valores de hecho y valores de derecho, aceptables socialmente; lo cual será una herramienta de gran valía al enfrentar la “vida real”, la vida que deberán enfrentar ahora sin el cobijo directo de los padres, la adolescencia es esa etapa en que el sujeto es puesto aprueba, sobre la formación que ha recibido tanto en el seno familiar como en el escolar.

Por otro lado, las escuelas han dejado de formar personas aliadas de la sociedad, pues el sistema educativo ha demostrado ser carente de un autentico interés de formación de los individuos que cursan por sus aulas, se han limitado a “tratar” de impartir meros “conocimientos científicos”, pero han dejado de lado el aspecto moral y axiológico, que se requiere con tanta urgencia.

Es deprimente conocer “maestros”, que aun aplican la violencia contra niños que tienen un bajo nivel de comprensión e interpretación de los temas que deben aprender en clases, con esta actitud, solo están formando individuos con rencor social, que terminan por odiar todo lo que tenga que ver con la escuela y la familia; además por el bajo rendimiento escolar que se presenta en este tipo de niños, tienen que enfrentar un ambiente familiar en el que son maltratados y abusados física y psicológicamente, y aun así nos seguimos preguntando ¿Porque existe tanta violencia en nuestras sociedad?

Política criminológica como base de la seguridad pública

Las autoridades encargadas de diseñar y supervisar los programas escolares, deben incluir políticas encaminadas a prestar apoyo a los niños en sus problemática familiar y escolar, pues es innegable que ambos ambientes van de la mano en el resultado de la formación inicial del individuo.

Así mismo, las autoridades encargadas de la política criminológica, deben prestar especial atención a estos fenómenos, ir al análisis de las causas supremas del origen de la delincuencia, no limitarse a la mera criminogénesis del fenómeno, sino que se requiere conocer la genealogía del delincuente, para estar en posibilidades de diseñar las políticas necesarias para combatir desde edad temprana la delincuencia, en cualquiera de sus manifestaciones, pues como ya se preciso los miembros de la delincuencia no nacen siéndolo, sino que evolucionan en actividades cada vez más complejas, teniendo su antecedente delincuencial en “pequeños hurtos” o en “peleas de niños”.

Las autoridades encargadas de la seguridad pública deben dejar de limitar su actuación a la mera prevención de obstáculo, para incursionar en el mundo de la formación y desarrollo del aparato psíquico del individuo, combatiendo las deficiencias que generan la escuela y la familia.

Las autoridades que se encargan de la prevención del delito son conocidas como el aparato represivo del Estado, sin embargo deberían combinar esfuerzos con la escuela y la familia para ser parta integradora del aparato ideológico, y en la medida de lo posible actuar en ambos campos de acción como aparato represivo en los casos de extrema necesidad y como aparato ideológico en los casos en que deba prevenir la delincuencia desde un enfoque primario.

La aplicación practica de la axiología y la ética en la seguridad pública

La axiología y la ética son ramas de la filosofía, que frecuentemente crean confusión en su análisis y estudio, aunque aquí no pretendemos hacer un estudio profundo para determinar el objeto de estudio de cada una de estas disciplinas filosóficas, es menester establecer someramente su diferencias, para estar en posibilidades de conocer la aplicabilidad que cada una de estas tiene en la seguridad pública.

La axiología es conocida también como la teoría de los valores, por lo tanto se entiende que la axiología es la disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores; al referirnos a valores nos encontramos ante un universo de interpretación contextual, por lo tanto nos enfocaremos hacia la generalidad de los valores como todo aquello que es aceptado por el hombre y que representa en su uso o aplicación el cumplimiento de un placer, de un deseo, un interés y de la voluntad racional, encaminada a lograr un elevado nivel de vida.

De lo anterior se desprende la importancia de la axiología en la seguridad pública, ya que el fin último de la axiología es elevar el nivel de vida mediante los valores, empero ese nivel de vida no debe ser alcanzado a costa de los demás, sino que su aplicación contiene tintes de política de Estado, hacia el logro del bien común por medio de la seguridad pública, es decir, que la pretensión última en la aplicación de la axiología, es la utilización e integración de valores dirigidos a lograr un elevado nivel de vida para toda la población de un Estado, visto esto desde la óptica de la seguridad pública.

Por otro lado, la ética le permite al ser humano contar con la libertad en su más amplio sentido, en la búsqueda de la verdad, que a la luz de la filosofía actual, ni es absoluto ni es trascendental, empero, dicha verdad debe guiar al ser humano hacia lo justo, bajo la estricta responsabilidad del uso de la libertad.

La conjunción de la libertad de decisión y los valores que son parte de la formación del individuo; no sería posible, sin la aplicación sistematizada, reflexiva y complementaria de la axiología y la ética. La libertad de decisión referida permitirá ubicar conscientemente al ser humano, en su actuación a favor del bien común (entendiendo al bien común como un valor), sin que atente contra la seguridad pública, pues el individuo deberá contar con cimientos fuertes constituidos por las bondades de estas dos disciplinas filosóficas.

La libertad limitada por la falta de seguridad pública

A pesar de que el ser humano cuando nace tiene como un derecho inalienable a la libertad, esta se encuentra mermada por el miedo y la incertidumbre que origina la falta de seguridad pública. El ser humano nace libre, pero debe estar sujeto a lo largo de su vida a un cumulo de preceptos normativos de carácter moral y jurídico, que le permitirán vivir en libertad pero además respetar la libertad de los demás. Es decir la libertad debe permitir al ser humano alcanzar la plenitud de sus objetivos, lo que no es posible cuando la delincuencia atenta contra la seguridad pública; dicha seguridad debe ser la base en la que descanse el ejercicio de las libertades, por eso es que se requiere de la existencia de la aplicación de las normas.

Es menester determinar que cuando el poder político, permite que la seguridad pública sea compenetrada por la delincuencia y que además dirige las instituciones encargadas de mantener la tranquilidad y la paz social, se tiene como resultado la desconfianza hacia esos “cuerpos de seguridad pública”, lo que trae como consecuencia que la delincuencia sea la única que se beneficie de la ausencia de la seguridad pública. Ya que los propios delincuentes integran las instituciones encargadas de la seguridad pública, que lejos de proteger a la población, la atacan desde sus entrañas por medio de las instituciones que el propio poder público ha creado con el propósito de garantizar la estabilidad social.

El Estado de Derecho como contenedor de la seguridad pública

Cuando la seguridad pública se encuentra en riesgo, no solo implica ese fenómeno en sí, sino que va más allá de esa aparente inestabilidad; se pierde de manera intermitentemente el Estado de Derecho, mismo que es entendido como la obligación del poder político, para permear en su totalidad la vida en sociedad, bajo el régimen de la norma jurídica.

El Derecho permite delinear, la actuación del individuo en sus relaciones interpersonales, pero además regula la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, por lo tanto, el Estado de Derecho reviste una gran importancia como soporte de fortalecimiento de la seguridad pública; sin la norma jurídica, predominaría la irracionalidad motivada por el instinto y por la intensión deliberada de causar daño, dominando así el más fuerte.

Aunque el Estado de Derecho exista en la sociedad, esto no impide por si solo que la seguridad pública se encuentre amenazada por conductas antisociales, en este plano encontramos que no es suficiente con la existencia de la ley sino que esta debe garantizar a cada uno de los miembros de la sociedad la certeza de protección ante la delincuencia, pues para garantizar la seguridad pública debe echarse andar una gran parte del sistema jurídico, no solo la legislación que se refiere a la seguridad pública de manera particular; el Estado de Derecho esta comprendido por todo un entramado complejo de normas jurídicas, ordenadas y sistematizadas jerárquicamente, con el propósito de mantener la estabilidad y la paz que debe proporcionar el Estado, por medio de la seguridad pública.

La actuación del Estado se encuentra delimitada por la norma jurídica, y en este sentido se mueve sobre una delgada línea entre la legalidad y la violación a la norma, inclusive, aplicando la norma es posible que la población, pierda momentáneamente la seguridad de sus garantías, es decir, la aplicación de un Estado de Excepción, que implica la perdida de las garantías jurídicas elementales que tiene el individuo, esto bajo la justificación de la recuperación de la seguridad pública, magnificado aun más por el riesgo de la seguridad nacional.

De lo anterior se desprende que el Estado, tiene la obligación de garantizar a toda costa la seguridad pública para los miembros de su sociedad, empero esta actuación se ve delineada por la aplicación de la norma jurídica. El Estado no se debe permitir así mismo, convertirse en el generador de conductas antisociales, la seguridad pública requiere de un trabajo quirúrgico muy delicado, se requiere firmeza, pero dentro del marco jurídico. El Estado no se debe transformar en lo que combate, ya que también la omisión de su actuación, se traduce en indefensión jurídica y social, que se refleja en la desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de la seguridad pública, esto se entiende nítidamente como un Crimen de Estado, por la complicidad que surge de este fenómeno.

La justicia penal y su repercusión en la seguridad pública

Es imperante señalar que aunque la sociedad debe funcionar en un marco legal, también es indefendible el hecho de que no siempre que se aplica la ley se imparte justicia. Pero esto también se debe a la imprecisión de la ley y la interpretación inapropiada de esta, aunado a que no se cuenta con verdaderos criminalistas que apliquen las ciencias forenses, el sistema en su mayoría se integra con una serie de “empleados chiriperos” a los que llaman erróneamente peritos.

Además el poder judicial, encargado de la aplicación de la ley a casos concretos, tiene en su estructura, órganos jurisdiccionales que carecen de la especialidad en materia penal, y en algunos casos en que se cuenta con esta clasificación funcional del sistema judicial, el personal no esta capacitado para interpretar las evidencias de científicos forenses (de los cuales tampoco hay muchos), que servirían de sustento para una adecuada aplicación de la ley y por ende una correcta impartición de justicia; o al menos se cometieran menos atrocidades jurídicas e injusticias (por tecnicismos absurdos).

Aunque es de reconocer que todo esto no es suficiente, pues la justicia penal es una cadena que cuenta con diversos eslabones, entre los que se encuentran al final de estos: el sistema penitenciario.

Se debe tener una visión clara de la razón de ser del sistema penitenciario, pues no solo debe servir para privar de la libertad, sino que debe resocializar al delincuente, mediante la aplicación de la ingeniería de la conducta criminal, las prisiones no deben convertirse tan solo en tópicos de contención de personalidades antisociales, que evolucionan en formas más complejas de criminalidad, sino que debe transformar al delincuente mediante estrategias de ortoconducta cuando esto sea posible y eliminar lo que no tenga solución de transformación, porque su permanencia implica un riesgo latente para la seguridad pública.

Autor: Agustín Salgado García
Colaboración
Lic. en Derecho - Lic. Psicología Educativa
Diplomado Superior en Estudios de Seguridad Nacional

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Pais: México